Un informe elaborado por el Ministerio de Consumo, coordinado por el investigador Javier Gil del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), revela que los anuncios de alquiler de temporada y por habitaciones ya eran más numerosos que los de viviendas completas para residencia habitual antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 29/2026, del 6 de octubre.

Análisis del mercado de anuncios

Entre marzo y septiembre de 2026, se publicaron un total de 381.997 anuncios en Idealista en cincuenta y tres capitales de provincia. La distribución de la oferta se desglosa de la siguiente manera:

  • Alquiler por habitaciones: 182.222 anuncios (47,7 %).
  • Alquiler residencial (viviendas completas): 168.797 anuncios (44,2 %).
  • Alquiler de temporada: 30.978 anuncios (8,1 %).

No obstante, el informe matiza que si el análisis se realiza por número de viviendas y no por anuncios, el 68,4 % corresponde al alquiler residencial, el 19,1 % a viviendas compartidas y el 12,5 % al alquiler de temporada.

Concentración territorial y zonas tensionadas

Madrid y Barcelona concentran el 45,5 % de toda la oferta de temporada, con 7.397 y 6.708 anuncios respectivamente. En ciudades como San Sebastián, la oferta de temporada representa el 147,1 % de la residencial, superándola también en Cádiz (107,1 %) y acercándose en Santander (79,6 %).

El estudio destaca una presencia significativamente mayor del alquiler de temporada en las nueve capitales declaradas como zonas de mercado residencial tensionado (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Pamplona y A Coruña). En estas áreas, la mediana de anuncios de temporada es del 31,2 % respecto a los residenciales, frente al 9,3 % en zonas no tensionadas.

Regulación y objetivos del Real Decreto-ley

El informe sugiere que el uso del alquiler de temporada podría emplearse para eludir la regulación residencial, ya que esta modalidad no estaba sujeta a duraciones mínimas, prórrogas obligatorias ni límites de renta (salvo en Cataluña desde enero de 2026), a pesar de que el precio por metro cuadrado es solo un 2,2 % superior al residencial.

El Real Decreto-ley 29/2026 pretende corregir esta tendencia exigiendo una causa real y acreditable de temporalidad, limitando la duración de los contratos y aplicando los límites de renta y garantías del alquiler de vivienda, basando la protección en el uso real del inmueble y no en el contrato declarado.