El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra una gran empresa de telecomunicaciones por la presunta implementación de prácticas y cláusulas abusivas que podrían haber afectado a consumidores vulnerables sin su consentimiento expreso.
Sanciones por cláusulas abusivas
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), se consideran cláusulas abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente o prácticas no consentidas que, vulnerando la buena fe, generen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones contractuales en perjuicio del usuario.
En caso de confirmarse estas irregularidades, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta 1.000.000 € por cada infracción, o sanciones equivalentes a entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito obtenido.
Implementación del prefijo 400
Por otro lado, el Ministerio ha recordado que a partir de este sábado 17 de octubre, entra en vigor la obligatoriedad de utilizar el prefijo 400 para todas las llamadas comerciales, en cumplimiento de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC).
Esta medida introduce las siguientes regulaciones:
- Identificación clara: Los consumidores podrán distinguir las llamadas comerciales y decidir si atienden o no.
- Unidireccionalidad: Los números con prefijo 400 solo podrán realizar llamadas, no recibirlas.
- Diferenciación de servicios: Se debe separar estrictamente la comunicación comercial de la destinada a reclamaciones, incidencias o gestiones administrativas.
- Nulidad de contratos: Los contratos cerrados a través de llamadas telefónicas no consentidas serán declarados nulos para evitar presiones al consumidor y desincentivar el spam telefónico.
La puesta en marcha de este prefijo es la fase final de un proceso legislativo iniciado en mayo de 2025 con la reforma de la Ley SAC, aprobada definitivamente por el Congreso en diciembre.
