El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha iniciado un expediente sancionador contra un portal inmobiliario de ámbito nacional por presuntas prácticas comerciales desleales contra los consumidores. La investigación, impulsada por la Dirección General de Consumo, se produce tras una denuncia presentada por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
De acuerdo con el artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estas acciones pueden ser calificadas como infracciones graves. Las posibles sanciones económicas oscilan entre multas de hasta 100.000 euros o una cuantía comprendida entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por el infractor. Cabe destacar que es la primera vez que el Ministerio abre un expediente donde la responsabilidad recae directamente sobre la plataforma y no sobre los anunciantes.
Nuevas obligaciones publicitarias en el alquiler
En paralelo, el Gobierno vigilará el cumplimiento del nuevo real decreto-ley de vivienda aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. El Ministerio enviará una circular a las grandes plataformas inmobiliarias para informarles sobre las nuevas obligaciones en la publicidad de viviendas en alquiler.
Según el artículo 20 de dicha normativa, toda oferta o publicidad deberá incluir obligatoriamente:
- El índice de referencia del precio del alquiler de la vivienda.
- La renta del último contrato de arrendamiento vigente en los últimos cinco años, si procede.
- El límite de renta aplicable en ámbitos sujetos a limitación legal, como las zonas tensionadas.
- La condición de gran tenedor del arrendador.
Estas medidas serán aplicables a los anuncios de cualquier ciudad del país, independientemente de si el inmueble se encuentra en una zona tensionada, con el objetivo de que los inquilinos dispongan de mayor información y puedan comparar los precios ofertados.
Otras acciones contra el sector inmobiliario
El Ministerio ha detallado otras actuaciones recientes en el mercado. En mayo, se inició un expediente a una gran inmobiliaria por cuatro posibles infracciones, entre ellas la imposición de seguros de impago y penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda.
Asimismo, en abril, Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas. La resolución, que ya es firme, sancionó seis infracciones muy graves y una grave relacionadas con la vulneración de derechos de los consumidores y el abuso de posición de mercado.
