El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta normativa supone una refundación del sistema de cuidados en España, orientada a ampliar los derechos y prestaciones, incrementar la financiación y reducir la carga burocrática para los usuarios.

Financiación y plazos de implementación

La reforma blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo por ley que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión. Asimismo, se complementa con un real decreto-ley que supone el mayor incremento histórico del sistema, destinando 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

El ministro Bustinduy ha instado a las comunidades autónomas a reducir las listas de espera a la mitad durante 2027, con el objetivo de que desaparezcan totalmente en 2028. Según estimaciones del ministerio, en los últimos dos meses las comunidades ya han recibido 517.444.324 euros adicionales.

Claves de la reforma en dependencia

La modificación de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia introduce las siguientes medidas:

  • Eliminación de incompatibilidades: Se flexibiliza el Programa Individual de Atención (PIA), permitiendo combinar diversas prestaciones (como centros de día y cuidados familiares).
  • Asistencia personal: Se regula como servicio del catálogo para promover la vida independiente, debiendo ser garantizada por servicios públicos directos.
  • Servicio a domicilio: Se amplía la cobertura más allá del hogar, permitiendo el acompañamiento en actividades básicas como visitas médicas o compras.
  • Reconocimiento de cuidadores: Se normativiza la figura del cuidador principal y el no profesional, reconociendo modelos de convivencia no familiares.
  • Teleasistencia: Se establece como un derecho subjetivo para todas las personas con dependencia reconocida.
  • Apoyo a cuidadoras: La AGE abonará las cotizaciones de las cuidadoras principales y garantizará la continuidad de los cuidados en caso de hospitalización o enfermedad grave.
  • Agilidad administrativa: El plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia se reduce de 6 a 3 meses.

Avances en la ley de discapacidad

La reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se centra en la accesibilidad y la autonomía:

  • Reconocimientos automáticos: Se asignará automáticamente un 33% de discapacidad a quienes tengan grado I de dependencia, y un 65% a quienes tengan grado II o III.
  • Accesibilidad universal: Se reconoce como un derecho exigible en edificios y servicios públicos, apoyado por un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
  • Vivienda: Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas en obras de accesibilidad, reduciendo al 70% el porcentaje de financiación a cargo de la comunidad de propietarios.
  • Atención temprana: Se establece como derecho subjetivo para niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos.
  • No discriminación: Se prohíbe legalmente que las aseguradoras de salud o hogar incrementen los precios basándose en la discapacidad del cliente.
  • Justicia: Se crea la figura del facilitador procesal para evitar la indefensión en procesos judiciales.