El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, para repartir 432.818.240,70 euros entre los gobiernos de las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Esta cuantía, proveniente de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, representa un incremento del 15% en comparación con el ejercicio anterior.
Criterios de reparto y gestión
Para la distribución de los fondos se han empleado 13 criterios objetivos, entre los que destacan:
- Población y renta per cápita.
- Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE).
- Dispersión territorial.
- Número de familias monomarentales.
- Tasas de envejecimiento y discapacidad.
Asimismo, se ha asegurado un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%).
Tras la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las administraciones autonómicas gestionarán sus propias convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades y asociaciones del Tercer Sector. El objetivo es cubrir necesidades de asistencia social para personas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.
Antecedentes y prórroga del modelo
En la convocatoria de 2024 se financiaron más de 10.000 proyectos destinados a colectivos como personas con discapacidad, el pueblo gitano, personas mayores, infancia y familia.
El sistema de distribución actual, establecido en junio de 2021, divide la recaudación en dos tramos: un 20% de gestión estatal y un 80% transferido a las comunidades autónomas de régimen común. Debido a los resultados obtenidos, el Ministerio ha impulsado una prórroga de este modelo hasta el 31 de diciembre de 2028, incluyendo la ejecución de programas durante el año 2029.
