El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en España. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo asegurar que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes ciudadanos sin discriminación.

Ámbitos de aplicación y herramientas

El decreto establece que la información y la comunicación deben ser fáciles de comprender, ofreciéndose en formatos accesibles sin coste adicional ni retrasos. Para ello, se implementarán herramientas como:

  • Lenguaje claro y lectura fácil.
  • Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (sonido, pictogramas y apoyos visuales).
  • Soluciones tecnológicas para mejorar la orientación y la realización de tareas.
  • Señalización accesible en entornos físicos.

Estas medidas se aplicarán de forma transversal en sectores esenciales, incluyendo:

  • Telecomunicaciones y sociedad de la información.
  • Espacios públicos, infraestructuras y edificación.
  • Transportes y empleo.
  • Bienes y servicios al público, incluidos los centros sanitarios.
  • Administraciones Públicas y Administración de Justicia.
  • Participación en la vida pública y procesos electorales.
  • Patrimonio cultural e histórico.

Beneficiarios y marco legal

La norma adopta un enfoque universalista para beneficiar a diversos colectivos, tales como personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral. Asimismo, incluye a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo y migrantes que no dominen las lenguas oficiales del Estado.

Con esta aprobación, se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, creando el primer marco normativo nacional sobre accesibilidad cognitiva.

Implementación y asesoramiento

El Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ya trabaja en la creación de guías para facilitar la aplicación de este reglamento por parte de entidades públicas y privadas. Además, el CEACOG desarrolla iniciativas para simplificar trámites administrativos críticos, como la declaración de la renta, el Ingreso Mínimo Vital, la obtención del DNI o la regularización de personas migrantes.