La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han detenido a seis personas e investigado a otras ocho presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a la distribución y venta de hidrocarburos sin control fiscal. La red, asentada en Murcia y con actividad en Alicante y otras provincias, habría defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en un solo año.
Detalles del fraude fiscal
La investigación, denominada operación ‘Visco’/’Vatoil’, se inició tras detectarse movimientos inusuales en sociedades que comercializaban carburante sin repercutir los impuestos correspondientes. Para ocultar el origen de los beneficios y dar apariencia de legalidad, la organización utilizaba un entramado de empresas y documentación mercantil alterada.
Solo durante el año 2025, dos de las sociedades investigadas habrían dejado de ingresar las siguientes cantidades:
- Alrededor de 400.000 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
- Más de 1.800.000 euros en concepto de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Operativo y detenciones
El dispositivo, coordinado por el Servicio de Vigilancia Aduanera y unidades de la Guardia Civil de Alicante y Murcia, incluyó seis registros en la provincia de Murcia, entre ellos una nave industrial y cinco domicilios. Durante las intervenciones se incautaron cinco vehículos de alta gama, 9.000 euros en efectivo y abundante documentación.
Como medida preventiva, las autoridades procedieron al precinto de tres depósitos con 86.000 litros de carburante y de los surtidores de tres estaciones de servicio ubicadas en Villajoyosa (Alicante), Miguelturra (Ciudad Real) y Linares (Jaén). Asimismo, se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias vinculadas a la trama.
Cargos judiciales
Los detenidos se enfrentan a cargos por pertenencia a organización criminal y, según el grado de implicación, delitos contra la Hacienda Pública, contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Todos los implicados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela; uno de ellos ingresó en prisión por un señalamiento judicial previo, mientras que el resto quedó en libertad con medidas cautelares.