El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta reforma, propuesta por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, busca actualizar un marco normativo con más de 15 años de vigencia para adaptarlo a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al nuevo paquete europeo antiblanqueo de 2024.

Creación de la ANIFI

La novedad central es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), un organismo administrativo independiente que unificará las competencias actualmente distribuidas entre el Sepblac y la Secretaría de la COPBLAC. La ANIFI asumirá las funciones de:

  • Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Supervisión, inspección y potestad sancionadora.
  • Gestión de sanciones financieras internacionales.
  • Control de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, la ANIFI actuará como el interlocutor único de España ante la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).

Financiación y estructura operativa

Para evitar costes al contribuyente, la nueva autoridad contará con un sistema de financiación autónomo basado en una tasa aplicada a entidades financieras y operadores de juego, además de un porcentaje de las sanciones impuestas. Estos fondos se destinarán a la prevención, persecución del delito y cooperación internacional.

En términos operativos, la ANIFI se implementará sobre la estructura actual del FROB, aprovechando sus servicios y experiencia en el sector financiero.

Medidas normativas y resolución bancaria

El anteproyecto introduce medidas para combatir riesgos emergentes, como el uso de criptoactivos, e incluye las siguientes novedades:

  • Incorporación de nuevos sujetos obligados.
  • Mayor transparencia en la titularidad real de personas jurídicas y refuerzo del control de movimientos de efectivo.
  • Endurecimiento de los requisitos de idoneidad, prohibiendo que personas condenadas por blanqueo dirijan o ejerzan como sujetos obligados.

Paralelamente, se simplifica el modelo de resolución bancaria traspasando las funciones de resolución ejecutiva al Banco de España (para entidades de crédito) y a la CNMV (para empresas de servicios de inversión). Respecto a la participación del Estado en CaixaBank, esta seguirá gestionándose a través de BFA Tenedora de Acciones, que pasará a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía y dejará de ser filial del FROB.