El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la transferencia de 904 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) para financiar el denominado "nivel acordado" de la dependencia. Esta cifra, que representa un récord histórico para este nivel de protección, podría ascender a 970 millones de euros al incluir los recursos correspondientes al cupo vasco y la aportación navarra.

Evolución de la financiación

El nivel acordado, diseñado para complementar la financiación de los servicios de atención a la dependencia según el cumplimiento de objetivos como la reducción de listas de espera o la mejora del empleo sectorial, fue eliminado en 2012. Su recuperación se inició en 2021 con una dotación de 306,9 millones de euros, manteniendo una trayectoria ascendente hasta la cifra actual.

Este incremento se suma a la ampliación del "nivel mínimo" aprobada el pasado 23 de junio mediante un real decreto-ley, que duplicó las cuantías transferidas por cada persona con grado de dependencia reconocido. Como resultado, se prevé que la aportación estatal a las CCAA aumente en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.

Blindaje legal del 50% de la financiación

El Gobierno prevé que, para 2027, el Estado abone un total de 7.239,4 millones de euros, alcanzando así el 50% de la financiación global del sistema. Este compromiso político se somete a votación este martes en el Congreso de los Diputados a través de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, con el fin de blindar legalmente dicha cofinanciación.

Objetivos de la refundación del sistema

El aumento de los recursos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) busca alcanzar los siguientes objetivos:

  • Reducción y agilización de las listas de espera.
  • Mejora de las condiciones laborales del personal.
  • Inversión en tecnología y ampliación de la teleasistencia y atención a domicilio.
  • Refuerzo del derecho de elección de servicios y prestaciones.

Asimismo, la reforma legislativa contempla la implementación de nuevos servicios, tales como:

  • Cuidados y apoyos en viviendas compartidas para adaptarse a nuevos modelos de convivencia.
  • Ampliación del servicio de asistencia personal, especialmente para personas con discapacidad.
  • Extensión de la ayuda a domicilio a actividades en el entorno comunitario.
  • Provisión de productos de apoyo (sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas, etc.) mediante préstamo o cesión temporal.