El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esta normativa busca refundar el modelo de cuidados en España, priorizando la autonomía personal, la desinstitucionalización y la reducción de la burocracia administrativa.

Blindaje y ampliación de la financiación

La reforma introduce la obligación legal de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Asimismo, se ha convalidado un real decreto-ley que supone un incremento histórico en la financiación, mediante el cual las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.

Según el ministro Pablo Bustinduy, la aportación estatal alcanzará los 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble de la cifra de 2025, con el objetivo de reducir listas de espera y contratar más profesionales.

Claves de la reforma en dependencia

La modificación de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia incluye las siguientes medidas:

  • Eliminación de incompatibilidades: Se permite combinar diferentes prestaciones y servicios según las necesidades del usuario.
  • Asistencia personal: Se regula como servicio del catálogo y se extiende más allá del domicilio.
  • Cuidadores: Se reconoce normativamente la figura del cuidador principal y del cuidador no profesional.
  • Teleasistencia: Pasa a ser un derecho subjetivo para todas las personas con dependencia reconocida.
  • Apoyo a cuidadoras: La AGE abonará las cotizaciones de las cuidadoras principales y garantizará la continuidad de los cuidados en caso de hospitalización.
  • Agilidad administrativa: El plazo para resolver las prestaciones se reduce de seis a tres meses.

Avances en la ley de discapacidad

La reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se alinea con el artículo 49 de la Constitución Española y establece:

  • Reconocimiento automático: Se asignará un 33% de discapacidad a quienes tengan grado I de dependencia, y un 65% a quienes tengan grado II o III.
  • Accesibilidad universal: Se reconoce como un derecho y se crea un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
  • Vivienda: Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas en obras de accesibilidad en edificios residenciales.
  • Atención temprana: Se establece como derecho subjetivo para niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo.
  • No discriminación: Se prohíbe que las aseguradoras de salud o hogar incrementen los precios basándose en la discapacidad del cliente.
  • Justicia: Se crea la figura del facilitador procesal para evitar la indefensión en procesos judiciales.