La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó este martes una campaña institucional orientada a combatir la culpa y los juicios sociales asociados a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La iniciativa reivindica el derecho de las mujeres a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa, independientemente de las emociones que experimenten durante el proceso.
Durante la presentación, García subrayó que no existe una única forma de vivir el aborto y afirmó que “no hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto”, destacando que las pacientes pueden sentir desde alivio hasta tristeza, y que todas deben ser atendidas con la misma consideración.
Datos sobre el acceso al aborto
La ministra alertó sobre la alta dependencia de la sanidad privada para acceder a este derecho. Según los datos facilitados, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Esta cifra es aún más acusada en la Comunidad de Madrid, donde más del 99% de los abortos se practicaron en el sector privado.
García insistió en que la sanidad pública debe estar plenamente capacitada para atender estas solicitudes mediante la formación de profesionales, circuitos claros y una organización eficiente, señalando que la objeción de conciencia es un derecho individual que no debe obstaculizar el acceso efectivo al servicio.
Conflicto con la Comunidad de Madrid
En relación al registro de objetores de conciencia en la Comunidad de Madrid, la ministra informó que, al 1 de septiembre, el Ministerio constató que la región no ha avanzado más allá de los trámites iniciales de su creación. Ante esta situación, Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que adopte las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la justicia.
Finalmente, la ministra criticó que el “sectarismo de un gobierno autonómico” no puede ser un impedimento para ejercer un derecho reconocido por la ley, reafirmando el derecho de las mujeres a abortar dentro del sistema público de salud.