El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la digitalización y modernización del sector financiero, el cual ha sido remitido a las Cortes Generales. Esta normativa tiene como objetivo adaptar la legislación española al marco europeo, buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica, la competencia y la seguridad del sistema financiero.

Regulación de criptoactivos y ciberseguridad

La ley completa la implementación del reglamento europeo MiCA, estableciendo que los proveedores de servicios de criptoactivos deberán estar registrados y supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, estas entidades quedan sujetas a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la CNMV supervisará la publicidad de estos activos.

En materia de ciberseguridad, se garantiza la aplicación del Reglamento europeo DORA, instaurando un régimen de infracciones y sanciones por incumplimiento. El Banco de España reforzará su supervisión sobre operadores, procesadores y esquemas de pago electrónico, incluyendo su relación con proveedores tecnológicos.

Competencia en pagos y soberanía estratégica

La norma introduce cambios para fomentar la competencia en el sistema de pagos, permitiendo que las entidades de pago y de dinero electrónico accedan a los sistemas directamente sin intermediación bancaria. Por otro lado, se refuerza la soberanía estratégica sobre Iberpay, la infraestructura de transferencias en España, cuyas adquisiciones de control requerirán ahora una autorización administrativa previa.

Transparencia e innovación

La ley transpone la directiva del Punto de Acceso Único Europeo (ESAP), un repositorio gestionado por la ESMA que estará operativo en 2027 para estandarizar la información financiera de las empresas y mejorar la liquidez de los mercados.

Finalmente, se relanza el Sandbox financiero para facilitar la innovación mediante las siguientes medidas:

  • Apertura de una ventanilla permanente para la presentación de proyectos durante todo el año.
  • Reducción de cargas administrativas y costes de participación.
  • Uso de declaraciones responsables y garantías financieras solo en casos estrictamente necesarios.
  • Creación de cohortes temáticas para aumentar la visibilidad de la herramienta.